Por: Yanetsis Cartas
Expropiar bienes «por razones de utilidad pública o interés social, con la debida indemnización» (Art 58, Constitución Rep Cuba) con la nueva Ley de Expropiación, ofrecería mayores garantías a los cubanos; o al menos eso prometen los funcionarios del régimen Castrista. Qué menos! Después de los cientos de desalojos forzosos de familias enteras, mujeres con niños y personas enfermas, de los que hemos sido testigo los últimos años. Sin embargo, conociendo la esencia criminal del Partido Comunista, creer que esta nueva legislatura protegerá los derechos del pueblo, es caer en lo naif.
No podemos perder de vista el afán de la dictadura en atraer inversiones y capital extranjero a la Isla, desesperados ante la crisis económica que atraviesa el país. A prisa y a toda costa, se construyen hoteles e inmuebles, se concreta lo necesario para la infraestructura turística. Multinacionales como la neerlandesa (holandesa) Heineken, gozarán de los privilegios de ser socio de GAESA a la hora de expandirse, quitándose del medio todo terreno sembrado, casa familiar o emprendimiento, que se le interponga en el camino; tal y como han hecho en Etiopía, donde la multinacional ya va a inaugurar su tercera cervecería.
De buenas intenciones esta hecho el camino al cielo; así también la construcción de una fábrica de cerveza aseguraría a los etíopes ayuda alimentaria, mejoramiento de la calidad de la comida, menos pobreza y mayor financiamiento (en palabras de la Reina Máxima, Países Bajos). Díez años después de haber sido colocada por la entonces Ministra de Comercio Exterior, Lilianne Ploumen, la primera piedra de la cervecería de Heineken en el poblado Addis Abeba, sus habitantes son cada vez más pobres y las carreteras casi intransitables. Ellos también fueron desalojados de manera forzosa, por un bien «social» común, e indemnizados según las leyes vigentes. Quien por entonces se atrevió a protestar, resultó torturado por la policía.
Una nueva Ley
Pese al llamado del Banco Mundial a Heineken de mantenerse implicado en la adquisición de tierras y el re- alojamiento de los habitantes, la empresa optó por tomar distancia y señalar al Estado etíope como responsable. Tal y como sucede en Cuba, todo el terreno en Etiopía pertenece al gobierno, de manera que jurídicamente las personas no son «expropiadas». Para los empresarios es muy fácil arrendar o comprar un terreno, prometiendo reubicar y compensar a quienes viven en él. Sin embargo, de ser el interés nacional mayor que el de los residentes, se ejecuta de todas maneras el desalojo. Todo esto coloca a estas personas en una situación de vulnerabilidad al tener lugar la expropiación forzosa, bajo coacción y represión, sin la adecuada compensación.
Según investigación de Follow the Money
basada en el testimonio de los campesinos del poblado Kilinto, está comprobado que hubo fallecidos y torturados durante la adquisición de estas tierras, por la gigante cervecera holandesa. Aunque es cierto que las empresas no son oficialmente responsables por los desalojos, sí están comprometidas a valorar los posibles efectos negativos de sus operaciones, como por ejemplo: las violaciones de los derechos humanos, laborales y medioambientales en el país donde se encuentran.
Heineken, en este caso, se escuda en el Fair Wage Network y en el personal de contratación, externo a la empresa, asegurando además pagar un salario justo a sus trabajadores. Del mismo modo, alega realizar periódicamente audiciones SMETA-audits para controlar el ambiente laboral. Por cierto, la SMETA es conocida como una de las auditorías menos rigurosa, donde la dirección de la empresa prepara a los trabajadores para la audición bajo presión, para que respondan de manera positiva. Como muestra de «buena voluntad», prometió además investigar sobre las torturas y el robo de las tierras, así como contactar con las autoridades pertinentes.
Los hechos son irrefutables! Es necesaria una ley internacional que exija a las multinacionales respetar los derechos humanos, laborales y ambientales en otros países. Por suerte, gobiernos como el del Reino de los Países Bajos ya han dado pasos acertados, impulsando desde la Cámara la Ley de Negocios Internacionales Responsables y Sostenibles (IMVO) , para así evitar que los empresarios miren hacia otro lado ante abusos como los que tienen lugar en Cuba o Etiopía. En un futuro no muy lejano estas prácticas serán punibles, y como delito los implicados en toda la cadena de producción, pagarán!
Sala de Guerra Cuba 